La asociación asistencial Harrera, que se creó hace 3 años para favorecer la integración social de ex presos de ETA, celebra en Oñate (Guipúzcoa) su tercera asamblea general. Según se explicó, en el último año han atendido 52 casos de expresos y de antiguos huidos, aunque en una entrevista a su vicepresidente Juan Karlos Ioldi (ex preso) explicó que sostienen económicamente a 56 antiguos etarras, de los cuales 21 han encontrado empleo.
La asociación tiene tres secciones: el área de coordinación, que estudia el estado de las personas que vuelven en libertad y sus necesidades básicas; el área administrativa, para cuestiones como el subsidio de excarcelación, trámites o vivienda; y la sección laboral, que busca relaciones empresariales e institucionales para conseguir puestos de trabajo y subvenciones.
La Asamblea fue abierta por el presidente de la asociación, Andoni Iturriotz, y dirigida por la secretaria Ainhoa Erkizia.
En especial se trató la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que elevó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que aclare la situación creada tras una sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar, que confirmó la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, que denegó el subsidio de desempleo a Miguel Angel Zarrabe y Luis Mari Azkargorta, salidos de la prisión.
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