Documento Sustraia

La agencia Efe y las cadenas de televisión Telecinco y Cuatro dan a conocer una información en la que se habla de la existencia de un grupo disidente de la izquierda abertzale que considera que "el ciclo armado del conflicto" no ha terminado, defiende la legitimidad de la "lucha armada" y reivindica la adhesión y el apoyo "a la lucha revolucionaria de las últimas décadas" en Euskadi. Según afirman, existe un documento titulado "Sustraia" (raíz) que se muestra a favor de "todas las formas de lucha que fortalezcan la liberación nacional y social, también a favor de la lucha armada, claro, sin poner en cuestión ni una sola vez su legitimidad". Señala, asimismo, que desde que ETA renunció a la actividad terrorista, el "parámetro armado del conflicto se ha transformado, no ha acabado", y "no va a finalizar hasta que las fuerzas de ocupación armada de los Estados salgan de Euskal Herria". El grupo disidente, considera "un error peligroso poner en duda precipitadamente, desde un tacticismo coyunturalista, la legitimidad de la defensa armada de los pueblos y su eficacia" y plantea como objetivo "sacudir la ocupación de los Estados español y francés y romper la normalización política". Por ello, aboga por "dar inicio a algún tipo de adaptación de la lucha de espiral acción-represión-acción que se utilizó en su tiempo" y por "no rechazar ningún tipo de acción violenta".
En el documento, de 26 páginas, este grupo propone como objetivo "una Euskal Herria independiente, socialista, reunificada, euskaldun y feminista", y advierte de que no se trata de un proyecto "contra la izquierda abertzale oficial, sino contra los Estados imperialistas de Francia y España y a favor de la lucha y el empoderamiento del pueblo trabajador vasco". El grupo disidente considera necesaria la existencia de "una nueva organización revolucionaria" para "hacer frente" a los retos de Euskal Herria y "mantener viva la llama de la resistencia de este pueblo".En el documento se recogen unos "criterios de funcionamiento", en los que se exige "extrema rigurosidad" a los militantes "si llega el momento de realizar acciones ilegales, y si lo planeado pudiera tener consecuencias penales".Establece, asimismo, una serie de "medidas de seguridad", entre ellas la no utilización de tecnología para la comunicación entre los militantes, ya que puede ser controlada "fácilmente por el enemigo", prohíbe llevar el teléfono móvil "a una reunión o acción", ya que cumpliría las funciones de "GPS y micrófono", y plantea la utilización de "buzones" para las comunicaciones.

Sendoa Jurado, portavoz habitual de ATA habló sobre este asunto:

(...) se habla de un documento de nombre «Sustraia» que, según Cuatro, recogía que los «disidentes» estaban planteando volver a la lucha armada. La cadena de televisión afirma que un dirigente de Sortu habría entregado dicho documento a los inquilinos de Ajuria-Enea para que el PNV supiera de la existencia de ese grupo.

Mi primera reacción al conocer la noticia fue la de no darle credibilidad, y así se lo expresé a las personas que estaban a mi alrededor, porque no considero de fiar ni a Cuatro ni a Telecinco, que también dio la noticia, ambas de la misma casa. Por eso esperaba que Sortu saliera a desmentir tajantemente la noticia, y salir salió, pero no a desmentirla en su totalidad. Sortu solo negó la noticia parcialmente por medio de una frase muy bien medida: al PNV no le han entregado «ninguna información sobre ningún grupo que proponga volver a la lucha armada». Claro, porque no existe ningún grupo que este proponiendo volver a la lucha amada, y aquí cada matiz toma importancia, ya que esa frase deja fuera a todos los que no proponen volver a la lucha armada y, por lo tanto, a todos los que existen. La reacción ambigua de Sortu fue la que encendió mis dudas, y no la información de Cuatro.

Leizarán queda libre

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, deja en libertad, con el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al ex dirigente etarra Aitor Elizarán, después de que éste se presentara voluntariamente en la Audiencia Nacional en Madrid. En un auto, la magistrada le impone como medidas cautelares presentaciones quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de salida de territorio sin previa autorización judicial y la retirada del pasaporte.

El etarra, que cumplió condena en Francia, quedó en libertad el 4 de diciembre pasado y tras aterrizar en el aeropuerto de Madrid se desplazó a San Sebastián. Poco después se emitió una orden de busca y captura, pero no pudo hacerse efectiva.

Disidentes de Sortu

Aparece publicado un escrito firmado por dos personas de la izquierda abertzale críticos con la nueva línea de Sortu y defensores de postulados de ATA. El texto es el siguiente:

Tercer grado vs. Amnistía

¿Por qué históricamente los pres@s polític@s vasc@s no han pedido terceros grados? Podría parecer ilógico no pedir terceros grados y libertades condicionales y cerrar las puertas a esa posibilidad de salir de la cárcel, al menos, para quien no sepa cuáles son los pasos que hay que dar para conseguirlos y las consecuencias que pueden tener sobre l@s pres@s polític@s y sobre nuestro pueblo. Vaya por delante que nos estamos refiriendo a las condiciones que impone el estado español, ya que las impuestas en Francia son mucho más laxas.

La legalidad española impone tres grados para cumplir hacer cumplir las penas de prisión: primero, segundo y tercero, teniendo que haber cumplido la mitad de la condena para acceder a este último. Después, teniendo cumplidas las 3/4 partes de la condena, podría venir la libertad condicional. La mayoría de pres@s polític@s vasc@s se encuentran en primer grado y el resto, a excepción de algun@s pres@s enferm@s, en segundo. La progresión a la libertad condicional solo se puede hacer desde el tercer grado y al tercer grado desde el segundo.

Una vez explicado esto pasemos a la clave del problema. Entre l@s pres@s polític@s vasc@s están l@s que tendrían que esperar 20 años para poder pedir un tercer grado y más de 30 para conseguir una libertad condicional. Que nadie piense, por tanto, que aceptando la legalidad podemos superar las consecuencias del conflicto a corto plazo porque, simplemente, esa afirmación es falsa. Aun aceptando la legalidad, en Algeciras, en Madrid o en Zaballa, pero tenemos pres@s polític@s para largo y mientras exista la amenaza de la cárcel también huid@s.

Además, aceptando la legalidad, las malas condiciones de vida que l@s pres@s polític@s padecen en prisión pueden empeorar aún más. Para conseguir la progresión de grado el preso debe pasar varios meses sin recibir ningún parte de castigo. La cárcel puede imponer castigos por no ponerse en pie en un recuento, por no barrer el patio, porque al carcelero le parezca que la celda está desordenada, por dar una “mala” respuesta… Y lo que es más grave, por participar en cualquier protesta por mantener unas condiciones de vida dignas, dejando al preso absolutamente indefenso ante el sistema penitenciario. Es más, estas salidas individuales pondrían patas arriba esa santa unidad entre l@s pres@s que algunos tienen constantemente (y maliciosamente) en la boca, sobre todo teniendo en cuenta que aún cumpliendo todo esto cada un@ de l@s pres@s tendría que pasar ante la Junta de Tratamiento de la cárcel y que, aunque esta junta lo aceptara, el Ministerio Fiscal tiene la posibil idad de presentar recurso contra la decisión.

Para pasar del segundo grado al tercero, además de todo lo anterior, l@s pres@s polític@s deben renegar de su militancia, mostrar arrepentimiento, colaborar con la justicia convirtiéndose en chivat@s y deben poner los medios para pagar la responsabilidad civil. Eso es lo que les pide la Vía Nanclares, y el programa Hitzeman del Gobierno Vasco, y no diremos que la Vía Vasca para la Paz de EH Bildu les exige todo esto porque no es cierto. EH Bildu deja de lado lo de la delación y el arrepentimiento, pero sí que les pide todo lo demás en esa Vía Vasca para la Paz acordada con el PNV, en esa que por si acaso, han mantenido escondida durante toda la campaña electoral de diciembre.

Ahora, pasadas las elecciones y la manifestación de enero, han vuelto a sacar otra vez el documento con la intención de presionar a ese colectivo al que supuestamente tanto respetan (como hicieran en la primavera de 2012), para “sugerirle” que se debe adecuar a los nuevos tiempos y que debe aceptar la legalidad para ayudar a avanzar al proceso.

Estas propuestas están absolutamente contrapuestas al concepto de amnistía y esa es la verdadera razón de que algunos carguen contra cualquiera que defienda la amnistía. Todo lo demás solo son fuegos de artificio para despistar. No es legítimo tapar con el culo la silla de las salidas individuales y poner los pies sobre la silla de la amnistía para que nadie más la ocupe. No es legítimo utilizar los procesos de otros pueblos para marginar la reivindicación de la amnistía (cuando, aceptando que la amnistía de Colombia es parcial, aplicándola aquí en cuatro años no quedarían pres@s polític@s). Y no es legítimo esconder las victorias que, además de a largo plazo, puede traer la amnistía también a corto. Será con la amnistía o no será.

Ziortza Fernández Larrazabal y Sendoa Jurado García (Militantes pro amnistía y ex presos políticos)

Texto completo en: http://www.lahaine.org/eusk-cast-tercer-grado-vs

Sentencia PCTV y ANV.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da a conocer las penas correspondientes al sumario 04/2008, que incluyen penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo por el tiempo que duren las condenas. Un total de 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) han aceptado condenas que oscilan entre año y medio y dos años de cárcel.

En concreto, Haizpea Abrisketa, Jesús María Aguirre Arruabarrena, Egoitz Apaolaza Goena, Alazne Arocena Oruezabala, Karmele Berasategui, Nekane Erauskin, Antón Gómez Lorente, Ignacio Olalde Arana y Juan Carlos Ramos Sánchez son condenados a un año y medio de cárcel más su respectiva pena de inhabilitación especial.

Nuria Alzugaray, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Inocencia Galparsoro, Peio Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi son condenados a penas de inhabilitación y prisión durante un año y ocho meses.

Las mayores penas, de dos años de cárcel con su respectiva inhabilitación, recaen sobre Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

Todos ellos han reconocido los hechos objeto de acusación basados en que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

El juicio finalizó antes de lo previsto al haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).

En el pacto alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, los procesados reconocen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y muestran su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".

Según el texto del acuerdo, la ejecución de las penas será suspendida habida cuenta del "reconocimiento de los hechos y de voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo". Las condenas han sido reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.

Manifestación en Bilbao

La izquierda abertzale se manifiesta en las calles de Bilbao con decenas de miles de personas –70.000, según datos de la Policía Municipal de la capital vizcaína– para reivindicar un año más el final de la dispersión, la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y el respeto a los derechos de los reclusos de ETA. La manifestación estuvo encabezada por una pancarta con el lema ‘Derechos humanos, resolución y paz. Euskal Presoak Euskal Herrira’ y sostenida, entre otros, por Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza asesinado por ETA Joseba Goikoetxea, y la exconsejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales en el Gobierno del PSE-EE Gemma Zabaleta. También estaban los representantes de la CUP catalana David Fernàndez y Anna Gabriel. Otras caras conocidas estaban también en la cabecera: Iñaki Lasagabaster, Fermín Muguruza, Juan Mari Olano, Inaxio Kortabarria, Teresa Toda y Miren Zabaleta.

Se oyeron los tradicionales eslóganes de ‘Euskal presoak etxera’ (Presos vascos a casa) y ‘Presoak kalera, amnistia osoa’ (Presos a la calle, amnistía total). En la marcha estuvieron tras la pancarta inicial varios centenares de familiares de los presos y media docena de furgonetas que portaban otros tantos carteles con los nombres de las cárceles en donde cumplen condena y los kilómetros de distancia que separan el País Vasco de estos centros penitenciarios.

Una manifestación con las mismas reivindicaciones se celebró en Bayona (Francia).

Una vez acabada la manifestación hubo otra en Bilbao con un millar de personas tras una pancarta que reclamaba amnistía, se supone que promovida por ATA.

Balance oficial detenciones X Legislatura

El Ministerio del Interior publica un balance de los detenidos de ETA en los últimos años (X Legislatura):