La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da a conocer las penas correspondientes al sumario 04/2008, que incluyen penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo por el tiempo que duren las condenas. Un total de 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) han aceptado condenas que oscilan entre año y medio y dos años de cárcel.
En concreto, Haizpea Abrisketa, Jesús María Aguirre Arruabarrena, Egoitz Apaolaza Goena, Alazne Arocena Oruezabala, Karmele Berasategui, Nekane Erauskin, Antón Gómez Lorente, Ignacio Olalde Arana y Juan Carlos Ramos Sánchez son condenados a un año y medio de cárcel más su respectiva pena de inhabilitación especial.
Nuria Alzugaray, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Inocencia Galparsoro, Peio Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi son condenados a penas de inhabilitación y prisión durante un año y ocho meses.
Las mayores penas, de dos años de cárcel con su respectiva inhabilitación, recaen sobre Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.
Todos ellos han reconocido los hechos objeto de acusación basados en que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.
El juicio finalizó antes de lo previsto al haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).
En el pacto alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, los procesados reconocen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y muestran su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".
Según el texto del acuerdo, la ejecución de las penas será suspendida habida cuenta del "reconocimiento de los hechos y de voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo". Las condenas han sido reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.
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