Un teniente de la Guardia Civil (Óscar Nieto, 25 años, jefe de puesto, tuvo fractura de tobillo) y un sargento (35 años) del mismo Cuerpo son agredidos sobre las cinco de la madrugada en Alsasua (Navarra) por un grupo de unos 30 jóvenes. Las dos mujeres (María José Naranjo, la novia del teniente y Pilar Pérez, la pareja del sargento) que les acompañaban también fueron golpeadas. El incidente comenzó en el interior de un bar donde un grupo de 6 ó 7 personas identificó a los guardias y empezó a acosarles para que se marcharan del local. Una vez fuera comenzó el altercado que atrajo a otras personas de lugares cercanos.
La Policía foral se personó en el lugar de los hechos y detuvo a dos jóvenes (Jokin Unamuno, 22 años, y Aritz Urdangarin, 24 años); uno de ellos fue sacado por la multitud del coche de la Policía Foral, pero fue detenido de nuevo tras un forcejeo. El segundo fue detenido en los altercados producidos delante de la comisaría de policía. Los dos quedaron en libertad dos días más tarde.
En marzo de 2017, la Audiencia dejó sin efecto el procesamiento de Urdangarin.
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, visitó a los heridos en el hospital de Pamplona.
El día 25, la Audiencia Nacional emite un auto en el que recaba su competencia al entender puede existir un delito de terrorismo. La juez vincula la agresión con el movimiento "OSPA Mugimendua" ya que varios de los identificados aparecen vinculados a este colectivo, como Adur Ramírez, Edurne Martínez y Naia Bengoetxea.
En marzo de 2017, la Audiencia Provincial de Navarra emitió un auto en el que ordena al juzgado de Pamplona que llevó en un primer momento el caso que se lo reclame a la Audiencia Nacional y plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.
En la sentencia 17/2018, la Audiencia Nacional considera que Jokin Unamuno, condenado a 12 años de cárcel, fue la persona que inició el hostigamiento a los dos guardias civiles y a sus novias, ayudado por Ohian Arnanz, al que el tribunal impone una pena de 13 años, y por Joan Ander Cob, condenado a nueve años. Iñaki Abad y Adur Ramírez son condenados a 10 y 12 años de cárcel, respectivamente, mientras que a Julen Goicoetxea y a Aratz Urrizola se les imponen penas de nueve años. La octava acusada, Ainara Urquijo, es la única a la que el tribunal impone una pena de dos años de cárcel por un delito de amenazas y desórdenes públicos.
En marzo de 2019, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional mantiene la consideración de agravante por discriminación ideológica, por lo que ratifica que se apliquen las penas máximas por los delitos atribuidos y reduce la pena impuesta a uno de los acusados, Iñaki Abad, a quien reduce la condena cuatro años, de diez a seis años, al estimar parcialmente el recurso presentado por su defensa y quitarle dos de los cuatro delitos de lesiones por los que fue condenado.
En octubre de ese mismo año, el Tribunal Supremo rebaja las penas a los condenados al suprimir la agravante de discriminación en su actuación y la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado (que se mantiene en los delitos de lesiones). La decisión contó el voto en contra de dos de los cinco magistrados, quienes defendieron mantener esa agravante. Asimismo, se anula a dos de los acusados algunas de sus condenas por lesiones por falta de prueba de cargo.
Las nuevas penas son:
- Ohian Arnanz Ciordia: 9 años y medio de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno); y delito de desórdenes públicos (1 año).
- Jokin Unamuno Goicoetxea y Adur Ramírez de Alda Pozueta: 8 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); y tres delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno).
- Jon Ander Cob Amilibia y Julen Goicoechea Larraza: 7 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad (2 años y medio) y tres delitos de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses por cada delito).
- Aratz Urrizola Ortigosa: 4 años y 2 meses de prisión por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y 6 meses) y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses).
- Iñaki Abad Olea: 3 años y 6 meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio) y desórdenes públicos (1 año).
- Ainara Urquijo Goicoetxea: 1 año y 6 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos (1 año) y amenazas (6 meses).
Urrizola y Abad fueron clasificados en tercer grado en diciembre de 2019. Arnanz, Unamuno y Ramírez de Alda accedieron al mismo régimen en julio de 2020.
.- Varios miles de personas participan en
San Sebastián en una manifestación convocada por la red ciudadana Sare para reclamar la excarcelación de los presos de ETA gravemente enfermos.
Tras una pancarta con la leyenda «Presos gravemente enfermos a casa», muchos de los participantes portaban carteles con el eslogan de la campaña «Salatzen dut/Yo denuncio», la iniciativa de Sare en la que se enmarca esta marcha.
Entre los asistentes han figurado la coordinadora general de Aralar, Rebeka Ubera, representantes de EH Bildu y la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Etxaide. También estuvo la parlamentaria de Podemos Pili Zabala.
El portavoz de Sare Joseba Azkarraga señaló que hay diez presos de ETA que, según los datos de esta plataforma, se encuentran gravemente enfermos.
La marcha terminó con la lectura de un comunicado por parte del ex dirigente de Herri Batasuna José Luis Elkoro y Nerea Alias.
